Los principales referentes del Movimiento Proyecto Sur presentaron una demanda penal ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional, por abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos contra la presidente Cristina Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y demás responsables de consentir y aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09 oficializado el pasado 15 de diciembre, entre ellos, funcionarios del Banco Central, legisladores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y el Procurador General de la Nación.
En conferencia de prensa, el diputado "Pino" Solanas afirmó que el decreto se firmó "fuera de toda urgencia y necesidad, sin haber llamado a una comisión extraordinaria" y explicó que "cualquier asunto concerniente a la deuda externa lo debe tratar el Congreso". Según Solanas, "la intención del gobierno nacional de pagar deuda ilegítima y fraudulenta obedece al dictamen de los grandes bancos".
La decisión de Proyecto Sur se sustenta principalmente en que la decisión oficial no respeta el orden jurídico constitucional, que determina que un gobierno no puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado. La evidencia se encuentra en la causa sentenciada en el Juzgado Federal nº 2 por el ex juez Jorge Ballestero (13 de julio de 2000), en las dos causas donde se investiga el endeudamiento hasta el 2005, y en una tercera causa que investiga el Megacanje 2001, donde están procesados por defraudación al Estado, Domingo Cavallo, Daniel Marx y otros funcionarios, causa pronto a entrar en etapa de juicio oral. Al respecto, Solanas dijo que "no se trata de Redrado sí, Redrado no, sino de la ilegitimidad profunda que tiene la causa de la deuda." "Es una verdadera vergüenza que todavía el Congreso no haya escuchado la sentencia firme del ex Juez Federal Jorge Ballestero del año 2000, 'Causa Alejandro Olmos', que dijo que la deuda era parcialmente una gran estafa y que debía ser investigada por el Congreso."Al referirse al decreto que expulsó al presidente del Banco Central, Martín Redrado, Solanas expresó: "Al presidente del Banco Central no se lo puede remover por decreto. Pero de ninguna manera vamos a hablar de la hormiga y ocultar al elefante. Acá, una vez más ronda el monstruo putrefacto de la deuda externa. Los legisladores nacionales se tienen que hacer cargo. No le demos más la espalda a este fraude que le ha costado al pueblo argentino una sangría de pagos injustificados."Luego, convocó a todas las fuerzas políticas y se diferenció de la oposición conservadora: "Porque muchas fuerzas políticas que hablan de Redrado, pero jamás se pronunciaron sobre la ilegitimidad de la deuda y el fallo de la Justicia.
Finalmente, el diputado concluyó: "Estamos hablando de una cifra colosal, con la que se puede acabar rápidamente con la indigencia y además reconstruir las principales industrias básicas de la Argentina: los ferrocarriles para las provincias, la flota marítima y la petrolera estatal. Hablamos de cientos de miles de puestos de trabajo estable, que es la única manera cierta de acabar la pobreza y terminar con el clientelismo."
El texto de la denuncia está firmado por Solanas, el diputado Jorge Cardelli y los legisladores porteños Julio Raffo y Jorge Selser. Acompañaron y estuvieron presentes además, las diputadas Liliana Parada (Proyecto Sur) y Cecilia Merchán (Libres del Sur), Humberto Tumini (Libres del Sur), el director del Instituto de Propuestas de Proyecto Sur, Félix Herrero, el investigador Alejandro Olmos Gaona y el pastor luterano Ángel Furlan. También acompañaron los legisladores del SI, de Diálogo por Buenos Aires y del Instrumento Electoral (CTA).